opinion ángel álvarez


Todos sabemos cómo sube la vivienda y cómo se incrementan los salarios. Si la primera aumenta su precio en un año el 17%, los salarios, de media, crecen un 3,3%. La brecha que se está abriendo es insalvable.

La relación de campos afectados por el elevado precio de la vivienda es muy amplio. El efecto sobre la inflación es extrapolable a la negociación colectiva de los salarios, pero el excesivo precio afecta también negativamente a la movilidad geográfica de los trabajadores.

Los trabajadores y trabajadoras han visto aumentado el esfuerzo sobre su salario neto con el paso de los años. El precio medio para el conjunto del estado de una vivienda de 70 metros cuadrados ha pasado de 2,6 a 5,1 veces el salario anual desde 1987 a 2002. El esfuerzo es por tanto el doble. La evolución del esfuerzo pasa de 3,4 a 6,6 veces si la vivienda es de 90 metros cuadrados.

El esfuerzo realizado por los trabajadores y trabajadoras sobre su salario neto ha llegado a niveles inasumibles. La compra de una vivienda con el precio medio para el conjunto del estado exige destinar un mínimo del 66% de su salario neto si concierta un préstamo hipotecario a veinte años con un tipo de interés del 5% anual. El esfuerzo aumenta hasta el 92% de su salario neto si el préstamo tiene una duración de doce años. Las condiciones se endurecen mucho más si la compra se realiza en una gran ciudad (91% a 128% del salario neto)

El esfuerzo es igual de elevado si la opción elegida es el alquiler, tanto de vivienda usada como nueva (de 55% a 79% en media estatal y 81% a 116% en grandes ciudades).

Ante todo ello, CC.OO. está haciendo las siguientes propuestas:

Primero : ampliar el número de viviendas de alquiler con un precio razonable, con el objetivo de consolidar esta opción como una alternativa a la opción de compra. Esta opción ha de desarrollarse bajo bajo fórmulas alternativas:

  • Configurando un parque de viviendas de alquiler con precios razonables. Parque de viviendas público o mixto, sumando esfuerzos con los fondos de inversión inmobiliaria y cooperativas.
  • Mediante subvención directa a los inquilinos de un porcentaje del precio del alquiler fijando una cuantía máxima para el mismo. La cantidad de la ayuda, con un límite máximo en cuantía, dependería de las circunstancias familiares y nivel de ingresos. El derecho sería generado por el inquilino pero la ayuda se podría pagar directamente al arrendatario para garantizar el destino de la misma. Estas ayudas deben estar acompañadas de programas específicos dirigidos a los grupos con mayores problemas de acceso: jóvenes, mujeres con cargas familiares e inmigrantes.
  • Promover el desarrollo de empresas de servicios para la gestión de parques inmoviliarios dirigidos al alquiler. Estas empresas, de titularidad pública o privada, deberían ayudar a eliminar los problemas de falta de información, inconvenientes derivados de la gestión del alquiler o simplemente prejuicios respecto al alquiler, de los propietarios de viviendas potencialmente utilizables para este uso.
  • Establecer un impuesto significativo sobre las viviendas desocupadas ubicadas en núcleos urbanos con necesidades sin cubrir comprobadas de manera fehaciente.

Segundo .- Fomentar de manera complementaria la construcción de viviendas de VPO en régimen de propiedad promovidas por las cooperativas.

  • Dotar a los promotores de los medios necesarios, especialmente de suelo a precio tasado.
  • Establecer y garantizar el cumplimiento de un procentaje máximo de esfuerzo para el comprador, calculado en función de su renta (30% de sus ingresos). Para ello hay que eliminar la posición dominante que en este ámbito tienen las entidades financieras.
  • Aumentar los periodos para la descalificación de la vivienda, estableciendo controles para su cumplimiento, incluyendo la aplicación del derecho de tanteo y retracto por la Administración correspondiente.

Tercero .- Creación de un observatorio inmobiliario con participación de todas las partes implicadas, con posibilidades reales de actuar como intermediario competente en la fijación de precios razonables cuando finalizan los contratos de arrendamientos.

Cuarto .- Modificación de la política fiscal en materia de vivienda, iniciando un progresivo traspaso hacia la iniciativa pública directa de una parte del actual gasto en deducciones del IRPF. Complementariamente a los recursos traspasados desde los gastos fiscales, se debe incrementar el presupuesto de las tres administraciones en materia de vivienda para disponer de los recursos financieros necesarios para construir el citado parque de viviendas.

Quinto .- Limitar las deducciones fiscales de los Fondos de Inversión Inmoviliarios tan sólo a las operaciones dedicadas a la construcción y gestión de parques de viviendas en alquiler.

Sexto .- Desde el criterio de considerar el suelo como algo más que un valor de mercado es preciso mejorar su uso evitando la especulación. Como elemento fundamental se debe romper la actual situación donde el propietario ha consolidado espectativas infinitas de revalorización del valor del suelo.

 

Ángel Álvarez

La vivienda y los salarios