Me llama la atención que el alcalde acuda a Organismos Nacionales e Internacionales para que le protejan sobre el tema de los Papeles cuando el propio Ayuntamiento desde Diciembre de 1998, está acusado de promover el expolio generalizado del Patrimonio de la Ciudad que además es Patrimonio de la Humanidad. Son ya tres los avisos que el Comité de Patrimonio Mundial ( UNESCO) ha enviado a la Junta y al Ayuntamiento para que cumpla las leyes sobre protección del Patrimonio y el alcalde hace caso omiso de estás recomendaciones incumpliendo sistemáticamente con las leyes y normas que en su artículo 56 la Convención de París obliga a los Países miembros a que informen de las intenciones de acometer o autorizar en zonas protegidas por el Convenio, restauraciones de importancia o nuevas construcciones que podrían alterar el valor como Patrimonio de la Humanidad .

Constantemente en Salamanca se están vulnerando los compromisos adquiridos por el Estado Español en el CONVENIO de París pues, ya son más de cien las denuncias presentadas por diversas Asociaciones para preservar de la usura urbanística el Patrimonio Artístico y Natural, pero el Ayuntamiento con actuaciones que a veces rozan la prevaricación y dejación de funciones deslegitima públicamente a ciudadanos como lo hizo en la Moción que presentó en la Sesión de Pleno del 8 de Marzo de 2001, el Portavoz Popular, que entre otras lindezas dice: “las denuncias vienen promovidas por colectivos extrainstitucionales sin prestigio reconocido...” negando de este modo el artículo 8 de la Ley de Patrimonio que indica: Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente.

Voy a enumerar parte del Patrimonio que ha sido destruido, expoliado o no suficientemente protegido por el Ayuntamiento y la Junta en estos neonapoleónicos años, resumo algunos ejemplos: la huerta de Las Claras, el seminario de Calatrava, la nueva Biblioteca de la Pontificia, la huerta de las Adoratrices, la Casa de María la Brava, Antigua Medicina, S. Ambrosio (Archivo represión, el Seminario Carvajal, la Casa de los Churriguera, el Cuartel de la Plaza de Colón, San Antonio El Real (Liceo y Zara), la Plaza Mayor, los Niños del Coro, todos ellos monumentos BIC o con protección integral y de sus entornos. Añadamos también las Casas de la Muralla, el Hospital de la Trinidad, la calle Tentenecio, la cuesta de San Blas, el actual inmundo Barco, las márgenes del Tormes, el vaciado de casonas solariegas, las casas de G. Capitán, la desaparición de Vistas Emblemáticas igualmente protegidas por la Ley del Patrimonio Histórico Español y qué decir del derribo, destrucción o abandono de importantes zonas con restos Arqueológicos y la pérdida de plazoletas, rincones emblemáticos que dignifican la historia de la ciudad. También quiero hacer aquí mención al salvaje derribo del Depósito de Agua de Campoamor, joya única del Patrimonio Industrial de principios del pasado siglo, PERO... AQUÍ NO PASA NADA y sin embargo, además de los muchos y graves problemas que padecen los barrios, el señor Lanzarote vocifera que él es el protector y dueño del Archivo, cuando en realidad es patrimonio del Estado y de las personas y entidades expoliadas.

¿No sería más coherente respetar la decisión de la Comisión de Expertos y gestionar políticamente el affaire de los papeles pactando con los catalanes Convenios culturales, deportivos, etc. esto sería un buen hacer político, no les parece?

Sugiero a los demócratas que para entender mejor el tema de Los Papeles lean El museo desaparecido de Héctor Feliciano, un instructivo libro en donde explica la conspiración nazi para robar las obras maestras del arte mundial. El autor analiza el ambicioso y criminal plan que los nazis organizaron en la confiscación de bibliotecas de oponentes políticos en París, de los archivos masónicos de Francia y el expolio/saqueo que desde la Orden / 09 de 1940 el ERR (destacamento Especial del dirigente del Reich Rosenberg para los Territorios Ocupados) realizó con sus nuevos atributos y poderes para agrandar y obtener rápidamente el monopolio de la confiscación de obras de arte y bienes culturales en la rica zona ocupada de Francia.

El libro también estudia la participación francesa en el expolio, Vichy dictó en octubre de 1940 nuevas leyes sobre el estatuto de los judíos en Francia y sobre los ciudadanos prófugos del país permitiendo el acceso al gobierno francés de Pétain a las propiedades de judíos y resistentes después de retirarles la nacionalidad francesa. Emulando a los nazis, el gobierno de Vichy también crea en la zona ocupada un servicio conocido como el SCAP que se ocupará a petición de los alemanes, de la confiscación y la arianización de todas las empresas con propietarios judíos, pero ante una leve protesta del gobierno francés al expolio sistemático y metódico de los bienes de los judíos, masones y oponentes políticos, los nazis siempre extremadamente cuidadosos y conscientes de las apariencias legales o jurídicas de todos sus actos y decisiones, justifican sus políticas con unos escandalosos escritos y con atroces razonamientos sobre los judíos y la ley judía, diciendo que “no se ha tomado ninguna obra de arte que pertenezca al Estado francés o a individuos franceses no judíos y hacen una criminal distinción entre Francia y los otros ....

Con todo tipo de artimañas los nazis encuentran una manera de justificar su inflexible instinto de rapiña, para el cual ya se habían entrenado en España pues es sabido que Franco recurrió a la GESTAPO para organizar el incipiente Archivo de la REPRESIÓN , que por un azar se ubicaría en Salamanca. Sobre este brutal plan nazi de confiscación de bienes los que no están desaparecidos se han devuelto y es significativa la reciente noticia de que el Gobierno alemán ha sido instado por el dictamen de una Comisión de Expertos a devolver obras de arte a una familia judía que las había vendido y ahora las reclama. La decisión de la Comisión ha creado un precedente de altísimo valor y es que no sólo existe la obligación de restituir los bienes robados, expoliados o requisados, sino también, las obras de arte que fueron vendidas por los propietarios bajo presión. Si de verdad existe el ejercicio de la democracia entre nosotros, respetemos, acatemos y facilitemos las resoluciones del Informe de la Comisión de Expertos que sin duda nos beneficia a todos, particularmente a Salamanca que se verá agraciada con el Centro Documental de la Guerra Civil y de la Represión franquista, tan urgente y necesario para preservar la historia reciente de nuestro país.