El pasado mes de diciembre una comisión asesora nombrada por el Gobierno español hizo público un Dictamen. El documento es imperfecto, limitado y peca de ese lenguaje paternalista y ampuloso que deben adoptar las causas nobles para infiltrase en la maraña jurídica postfranquista que todavía padecemos y que nos impide ver que parte del suelo que pisamos es democrática y cual fruto de la dictadura. Pero es un Dictamen que contiene algunos conceptos a los cuales hay que acogerse con la esperanza de que prevalga el espíritu que parece inspirarlos. Entre éstos se incluye el criterio de procedencia como norte que debe prevalecer en la archivística, lo cual o es poco para difuminar un poco la tan carareada mantra de la “unidad del archivo”. También se incide en la necesidad de reparación física y moral de los daños causados por el franquismo. Otro aspecto positivo es que reconoce la justicia de la devolución y la legitimidad de la reclamación, conceptos posteriormente bendecidos por la Ministra Carmen del Calvo. Ahora hay que preguntar ¿estará la devolución prometida a la altura de estos nobles conceptos? ¿Hasta qué punto se cumplirá lo dictaminado y cual debe ser el papel de los que reclamamos una devolución íntegra?

Si bien lo deseable sería que el Estado hubiera devuelto hace años la documentación a todos los afectados –privados, públicos, institucionales- hay quien teme que el Estado se porte como un rácano y opaco administrador de bienes ajenos, en beneficio propio, un poco como ha hecho siempre. ¿Cuándo ha dado algo simplemente por justicia? se preguntarán muchos al contemplar la evolución de los hechos en estos últimos 30 años. Si algo se mueve, es porque la sociedad civil lo quiere. Ciertamente existe el peligro, más que insinuado desde el Gobierno español, que los que piden la interpretación más amplia del Dictamen no vean satisfecha sus peticiones. Se ha llegado a decir que el País Valencià, por ejemplo, no vería el retorno de sus documentos. Para la Comissió de la Dignitat, este extremo resultaría inaceptable porqué hasta la fecha –que se sepa- no ha habido jurista en el mundo que haya podido distinguir entre bienes robados retornables y bienes robados no retornables. Paralelamente, y para iluminar a los que no parecen saber mucho del caso -¡pero pugnan vivamente contra el retorno!- sería muy deseable que TVE1 hiciera un programa mínimamente imparcial sobre el tema. O que se tradujera el libro de Josep Cruanyes “Els papers de Salamanca” sobre el tema. Un catedrático alemán –algo optimista, todo sea dicho- dijo una vez sobre este libro “resultaría físicamente imposible que alguien leyera este libro y no estuviera 100% por la devolución inmediata”.

Volviendo al Dictamen, hay que verlo como un primer paso positivo. Abre una puerta. No es el documento que hubiéramos deseado, pero anima a tomar más pasos en el futuro. Y ¿qué decir de la Brunete mediática y el apolillado PP? La verdad es con su actitud sólo están logrando quedar retratados ante el mundo y ante la historia con su actitud farisaica y –a veces- incluso filofascista, aunque no confesadamente, que es lo grave. Ahora hay que forzar a un Estado nada aficionado a corregir su historia a tomar pasos que en Alemania e Italia se tomaron en 1945. Allí decretaron la devolución de lo expoliado a la vez que declaraban punible toda apología del totalitarismo. ¿Para cuándo lo mismo en España? Haría falta, para la higiene política de todos, que lo viésemos pronto. En todo caso, un buen paso en esa dirección será con la devolución de los documentos.