Son muchas las razones que justifican la necesidad de este pacto, entre las que me parecen relevantes las siguientes: España es uno de los países más avanzados del mundo, con un Estado del Bienestar firmemente asentado, aunque mejorable, y una Economía próspera. Los ciudadanos españoles, por su parte, no están por la labor de perder el grado de riqueza y libertad adquiridos. Es necesaria una estabilidad escolar que posibilite una rápida mejoría en la Calidad de nuestro Sistema Educativo. A lo largo de estos años hemos asistido a una serie de milagros políticos impensables en otros tiempos: la derecha acepta de buen grado el Estado de las Autonomías, el Socialismo acepta la Monarquía , el Comunismo acepta la Sociedad de Mercado y la democracia liberal y todos abominamos de la violencia como método para resolver las diferencias, salvo los terroristas. ¿Por qué, en casi treinta años de vigencia de la Constitución , no hemos resuelto todavía el problema de la Enseñanza ?

Durante cuarenta años de Estado totalitario nos habíamos acostumbrado a que el Estado era el que llevaba la iniciativa y la responsabilidad en la Enseñanza y, cuando se llegó a la redacción del artículo 27 de la Constitución , todavía no estaba resuelta la gran cuestión: ¿Quién debe ser el protagonista en la Educación , el Estado o la Sociedad , el Estado o los ciudadanos? Los redactores de la Constitución optaron por el protagonismo de la Sociedad , muy especialmente de la familia y, más en concreto, de los padres. Pero todavía quedan amplias capas de ciudadanos, partidos políticos y sindicatos que siguen apostando por el protagonismo del Estado. Esta fractura ideológica que se da en la Sociedad española, todavía no resuelta, puede que sea la explicación de tanto vaivén legislativo en el ámbito de la Educación.

El actual deterioro de la Enseñanza está exigiendo que nos pongamos de acuerdo. Una Sociedad moderna, próspera y democrática como la española no vería con buenos ojos que, por motivos ideológicos partidistas, la Enseñanza se degradara hasta el punto de hacer peligrar la buena educación de las generaciones futuras, la convivencia pacífica y el bienestar dolorosamente alcanzado a lo largo de lustros de consenso y esfuerzo. Somos todos responsables de alcanzar una solución adecuada, pero unos más que otros. El Gobierno de la Nación sobre todo.

¿Y qué pasa con la clase de Religión? Pues que es una manifestación más del problema, una consecuencia, un corolario. Creo sinceramente que el Consejo Escolar del Estado se equivoca cuando pone en relación la Enseñanza Religiosa Escolar con la denuncia del Acuerdo sobre Educación entre el Reino de España y la Iglesia Católica. Dicho acuerdo no otorga a los católicos el derecho a que sus hijos tengan clase de Religión en la Escuela o a que puedan levantar y mantener escuelas católicas. El derecho es anterior y el Acuerdo se limita a desarrollarlo.

El fundamento de la Enseñanza Religiosa Escolar así como el de la Escuela de Iniciativa Social está en un doble derecho que tienen los padres, reconocido por varias normas internacionales suscritas por el Reino de España y por nuestras normas legislativas de más alto rango. Me refiero al derecho que tienen los alumnos a recibir una educación integral y el derecho a recibir una educación conforme a las convicciones de la conciencia de sus padres o tutores. Las normas básicas en que se recogen estos derechos son:

• la Declaración Universal de los Derechos Humanos

• la Declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia

• El Convenio Europeo de derechos humanos y libertades fundamentales

• La Constitución Española de 1978

• La Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

El apoyo legislativo de la Enseñanza Religiosa Escolar y de la Escuela de Iniciativa Social es amplio y firme, pero el problema está en la práctica cotidiana. Nuestra Constitución está construida, entre otros, sobre el principio de colaboración entre la Iglesia Católica y el Estado, independientes y autónomos, cada uno en su esfera, pero colaborando mutuamente para el bien de los ciudadanos. En este sentido, el derecho de libertad religiosa no sólo debe ser tolerado por los poderes del Estado, especialmente por el Gobierno de la Nación , sino positivamente apoyado porque contribuye grandemente al bien común, a la paz social y al bienestar y felicidad de los ciudadanos, siempre que en su ejercicio se respete el orden público, la seguridad y los derechos de los demás, como así lo atestigua la vida de la Iglesia Católica en España a lo largo de todo el período constitucional. Y cuando ha habido algún problema, el diálogo o los Tribunales lo han resuelto sin mayor violencia.

Los católicos españoles, desde los obispos a los laicos, entendemos que tenemos vocación de colaborar a construir, mediante nuestro compromiso en el ámbito de la Educación , una Sociedad cada vez más justa, más libre, más próspera –prosperidad para todos- y más feliz, codo a codo con los demás ciudadanos. A pesar de que algunos pretenden recluirnos en las iglesias y arrojarnos a los bordes del Sistema Educativo, los católicos españoles conscientes no tenemos ninguna intención de renunciar a participar en el esfuerzo común para sostener y mejorar -mediante la Educación , repito- la democracia en España y en Europa, aunque ello nos cueste incomprensiones y disgustos. ¿Quién no los tiene?